Interpelar la inscripción social de los usuarios de drogas

Los gobiernos de América Latina y el Caribe “han comprometido la salud de los usuarios de drogas al privilegiar en sus políticas una visión de control en lugar de ofrecer servicios de reducción de daños” afirmó Graziela Touzé, activista y presidenta de Intercambios, Asociación Civil Argentina, en una conferencia realizada en el marco del V Foro Latinoamericano y del Caribe sobre VIH/SIDA e ITS que se desarrolla en Lima.

En su conferencia Touzé abordó la relación entre las políticas que se impulsan para la atención de los usuarios de drogas y aquellas que son diseñadas para el control específico de las drogas. Ambas estrategias presentan más divergencias que coincidencias, afectando la construcción de soluciones conjuntas entre los distintos sectores del gobierno como de la sociedad civil.

Una de las preocupaciones en relación al uso de drogas es la transmisión del VIH a través del intercambio de jeringas. Sin embargo, la primera UNGASS – Drogas realizada en 1998 no hizo ninguna referencia a su relación con el VIH. En el año 2009 en Viena se realizó una revisión del documento de compromisos pero no se modificaron las directrices privilegiando la política de control de las drogas en lugar de priorizar al usuario y su contexto.

Sólo las políticas públicas de cinco países de América Latina realizan alguna mención a programas de reducción de daños. Esta citación se encuentra en clara contradicción con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y ONUSIDA. Además, en los pocos países donde existen iniciativas de reducción de daños como intercambio de jeringas, tratamiento contra drogas opiáceas o atención en centros penales los servicios son de baja cobertura y las agencias de la ONU pertinentes ofrecen poco apoyo a los países para el desarrollo de estos programas.

Según Touzé, los principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos y caribeños pasan por “interpelar la inscripción social de los usuarios de drogas”, ampliar el concepto de ‘usuario’ a los usuarios de drogas inyectables y lograr la articulación y convergencia de todas aquellas políticas públicas que se dirijan en este sentido.

Sergio Ruiz – Costa Rica

Equipo de Corresponsales Clave - Lima 21/11/09